Evite la destruccion del Patrimonio Subacuatico de Colombia: diga NO al Proyecto de Ley 125/2011

(Text in english below)

El Congreso de la República de Colombia está promoviendo un proyecto de ley sobre Patrimonio Cultural Subacuático que atenta contra los principios científicos, sociales y éticos que se han seguido para este patrimonio en el resto del mundo. 

El proyecto de ley:

1. Le quita la categoría de patrimonio a ciertos bienes que siempre se han considerado como tal, con base en criterios subjetivos y sin la opinión de expertos en la materia.

2. Le da un valor comercial  y autoriza la venta de ciertos bienes de este patrimonio, dándole el mismo tratamiento que se le da al petróleo e ignorando que el patrimonio arqueológico no tiene precio y no puede ser comercializado.

3. Propone extraer del medio marino estos bienes, destruyendo el contexto en el que se encuentran y acabando así con la posibilidad de reconstruir una historia que Colombia aún no conoce

4. Le otorga el manejo del patrimonio subacuático a “multinacionales extranjeras” expertas en la extracción de objetos, por medio de contrataciones directas y saltándose las normas de contratación en Colombia.

5. Ignora las capacidades que tienen las universidades colombianas y extranjeras, las ONGs, los expertos colombianos, las comunidades y las instituciones del Estado, dejándolos a un lado de cualquier proyecto en patrimonio subacuático que se realice en el país.

Al contrario de lo que le hacen creer a la opinión pública, la tendencia mundial no es vender el patrimonio subacuático, sino protegerlo e investigarlo para el beneficio y el conocimiento de la historia de las naciones.

El Proyecto de Ley 125/2011 (Cámara) “Por medio del cual se reglamentan los Artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido” atenta contra los intereses de la Nación colombiana y beneficia solamente a unos pocos.

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To avoid the destruction of Colombia’s Underwater Cultural Heritage, say NO to the Draft Law 125/2011. 

The congress of the Republic of Colombia is promoting a draft bill regarding Underwater Cultural Heritage that is against the scientific, social, and ethical principles that have regulated this heritage in the rest of the world.

The draft law: 

1. Removes the category of heritage from certain objects that have always been considered as such. This consideration is based on subjective criteria and ignores the opinion of experts in the field.

2. Gives a commercial value to certain heritage objects, and authorizes the selling of such objects, treating them the same as petroleum, and ignoring the fact that archaeological heritage has no price and cannot be placed on the market.

3. Intends to extract these objects from the marine environment, thus destroying the context in which they are encountered, and eliminating any chance of rebuilding a story that Colombia has yet no knowledge of.

4. Confers the management of underwater heritage to “foreign multinationals”, experts in the extraction of objects, through direct contracting and bypassing the Colombian contracting laws. 

5. Ignores the capacities of Colombian and foreign universities, NGO’s, Colombian experts, communities and public institutions, excluding them from any underwater heritage project to be carried out in the country.

On the contrary to what public opinion has been made to believe, the global trend is not selling underwater heritage, but protecting and researching it for the benefit and knowledge of the history of nations.  

The Draft Bill 125/2011 “which regulates Articles 63, 70 and 72 of the Political Constitution of Colombia in regards to Underwater Cultural Heritage” is against the interests of the Colombian nation and benefits only a few.

Honorables Congresistas de la República de Colombia





Señora Mariana Garcés Córdoba, Ministra de Cultura de Colombia





Señor Fabián Sanabria Sánchez, Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH





Estimados señores:





El Estado colombiano tiene una larga tradición de protección y manejo del patrimonio cultural. Desde principios del siglo XX se han aprobado leyes y decretos, se han creado instituciones y se han llevado a cabo acciones a favor del patrimonio que han sido ejemplares en todo el mundo. Con la Constitución de 1991 se enfatizó en la importancia del patrimonio cultural, en el hecho de que este se encuentra bajo la protección del Estado y en la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio arqueológico. Esa fue la medida tomada, en ese histórico momento, para evitar el impacto y la destrucción que el comercio de los bienes arqueológicos causó en nuestro patrimonio arqueológico durante el siglo XX y en la posibilidad que perdimos de reconstruir un pasado que aún no conocemos y que, en muchos casos, ya no conoceremos. Fue el gran momento de reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia y de la importancia del patrimonio cultural para la construcción de la Nación.





Desde entonces Colombia se ha posicionado, definitivamente, como referente en los temas de protección y gestión del patrimonio cultural.





En consonancia con esas políticas, esos avances y ese prestigio ganado por Colombia, queremos pedirles que retiren el Proyecto de Ley “Por medio del cual se reglamentan los Artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”.





Contrario a la tendencia mundial, el Proyecto de Ley busca quitarle la categoría de patrimonio a bienes que han sido y son, en la mayoría de países del mundo, reconocidos como tal. No es cierto, como han afirmado algunas personas, que la tendencia internacional sea considerar algunos bienes históricos encontrados bajo el agua como tesoros. Una simple revisión de las legislaciones internacionales demostraría que todos esos bienes son considerados Patrimonio Cultural Subacuático (PCS).





Esa revisión mostraría que la mayoría de países del mundo, y casi la totalidad de universidades y expertos, reconocen que el PCS hace parte del patrimonio arqueológico, y como tal se considera inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso quiere decir, entre otras cosas, que no tiene valor económico, que no puede salir de su país de origen, salvo en casos de exposiciones o de estudios académicos, y que es una parte vital de la identidad de las naciones, como lo reconoce la especial atención que se le da a este patrimonio en la Constitución Política de Colombia.





En este sentido, siempre se ha considerado que las colecciones o conjuntos de bienes del también llamado patrimonio sumergido no se pueden separar ni dividir, porque lo importante es la historia que nos relata un conjunto de objetos en un contexto particular, que pierde su sentido y valor en la medida en que le quitamos esos objetos. Es como arrancarle páginas a un libro. Cuando esto se hace es imposible conocer toda la historia. Y lo más increíble en este caso es que se propone que algunos bienes arqueolno sean considerados patrimonio con el argumento de que son idénticos entre ellos, como si en las épocas coloniales fuera posible elaborar dos objetos idénticos, como si existieran industrias en esa época en la que se elaboraban esos objetos, como si dos páginas de un libro pudieran ser idénticas. O también es increíble que el proyecto de ley proponga que, si hay objetos arqueológicos similares, algunos de ellos pueden perder su carácter de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y dejar de ser propiedad de la Nación, creando una excepción que no está prevista en la Constitución Política de Colombia.





Claro, es posible que en las casas de subastas le den un valor económico a estos objetos aislados, al igual que lo podrían hacer con las piezas del Museo del Oro, pero esta es una de las consecuencias más graves del proyecto de ley. Se pone el valor económico por encima de los valores arqueológicos, históricos y culturales de los objetos, en un claro retroceso de las políticas culturales en Colombia y en contravía de los principios constitucionales y de las leyes que ha promovido el Estado colombiano, además de ir en contra de las convenciones internacionales.





Y es que no existen, o son muy pocos, casos en los que los naufragios que quedan en manos de los llamados “cazatesoros” tengan resultados de investigación satisfactorios, que conserven los sitios arqueológicos o que divulguen el conocimiento adecuadamente. Porque, al ser un interés económico lo que los guía, no se interesan por el patrimonio cultural y lo que hay detrás de él. Extraen objetos destruyendo el contexto y destruyendo el patrimonio.





¿De verdad piensan que los cazatesoros van a proteger el patrimonio cultural, que van a cuidar lo que los arqueólogos llaman el “contexto”, si ven la posibilidad de extraer objetos por los que les van a pagar millones de dólares? De pronto los cazatesoros dicen que pueden hacerlo, pero es inevitable preguntarse: ¿Cómo extraer elementos sin alterar el contexto? ¿Cómo abrir un baúl cerrado, lleno de objetos, sin romper el baúl? ¿Y si el baul también nos interesa? ¿Cómo evitar que se rompa? ¿Cómo saber que se rompió? ¿Qué va a pasar con los naufragios que no tengan ningún interés económico, que son la mayoría, pero que arrojen información importantísima sobre la historia de Colombia? ¿Qué va a pasar con los demás sitios y objetos que hacen parte del PCS, que no tienen ningún valor económico, pero que tienen un valor histórico y cultural invaluable?





Porque, para complementar esto, el Proyecto de Ley propone que se asignen áreas de explotación del PCS, como si este fuera petróleo o algún recurso energético con el que no es posible equipararlo, salvo que ambos recursos, culturales y energéticos, tienen la característica de no ser renovables. Claramente las empresas solo se van a interesar en lo que tiene un potencial económico para ellos, el resto no importará.





Otro problema es que ese patrimonio cultural y toda la información que puede brindar, al quedar en manos de empresas extranjeras, no va a quedar para Colombia. ¿Porqué tienen que ser extranjeros los que digan lo que Colombia tiene que hacer con su patrimonio? ¿No sería mejor un proyecto que involucrara a los investigadores colombianos? ¿Acaso en Colombia no existe la capacidad para acometer este tipo de empresas? Y si así fuera, con el marco de fortalecimiento de la investigación y la innovación que ha promovido el Gobierno Nacional: ¿Porqué no enfocar el proyecto a fortalecer las capacidades colombianas?





Pero Colombia sí tiene las capacidades. En el país ya se ha trabajado en temas de Patrimonio Cultural Subacuático, hay investigadores formados y formándose en el exterior con las capacidades suficientes para dirigir y desarrollar este tipo de proyectos, hay comunidades locales interesadas, hay expertos. ¿Porqué ni siquiera consultar este tema con ellos? ¿Porqué los consejeros para este proyecto de ley son personas con intereses comerciales, en algunos casos extranjeros, sin ninguna vinculación con la academia y sin experiencia en el tema? ¿Porqué no consultar a los arqueólogos, historiadores, restauradores, académicos y actores culturales colombianos, interesados en la historia y el bien común de los colombianos, en vez de consultar y contratar a empresarios cuyos intereses son particulares y económicos? ¿Porqué ni siquiera consultar a las autoridades locales o a las comunidades costeras y raizales de las zonas costeras en las que se encuentra la mayoría del patrimonio subacuático en Colombia? ¿Qué va a pasar ahora cuando un pescador encuentre un bien histórico bajo el mar y lo quiera vender como los cazatesoros? ¿Lo van a meter a la cárcel? ¿Le van a poner multas que no puede pagar por vender algo que un extranjero sí puede vender?





El argumento es que se necesita un montón de plata, que se necesita una tecnología de punta que no existe en Colombia. Pero no es cierto. Paises como México y Argentina han desarrollado proyectos de protección e investigación del PCS maravillosos sin necesidad de muchos recursos ni de mucha tecnología. Y cuando esos investigadores han venido al país y han visto las capacidades técnicas y los equipos que tiene la Armada Nacional de Colombia para los estudios oceanográficos, han quedado deslumbrados pues son los mismos equipos que se necesitan para la arqueología subacuática, que además son manejados por expertos nacionales que no tienen nada que envidiarle a ningún contratista extranjero.





Y esas experiencias internacionales también nos han mostrado que, precisamente, los bienes encontrados bajo el mar generalmente no se retiran, salvo casos de riesgos extremos, porque, al sacarlos, se deterioran fácilmente. El proceso para su conservación es lo que es realmente caro y ni siquiera eso garantiza su perdurabilidad. Pero tampoco se extraen del mar porque el medio marino los conserva, al contrario de lo que dicen los cazatesoros. ¿Cómo explicar que lleven debajo del agua 200 o 400 años en perfectas condiciones? ¿Porqué no esperar unos años más?





Porque la protección y el manejo del PCS no requieren de “competencias y tecnologías especializadas extranjeras”, como propone el proyecto de ley, requiere formación, requiere acciones de protección por parte del Estado, requiere una mayor difusión, requiere fomentar la investigación para que los investigadores colombianos puedan estudiar su patrimonio en un futuro cercano. Su tratamiento debe ser similar, si no igual, al que se le da a los Parques Arqueológicos en Colombia. Al igual que ellos, el PCS, proporciona información invaluable sobre los procesos históricos, sociales y culturales que ayudaron a construir esta Nación y sobre su relación con la sociedad colombiana actual. Poder acceder a esa información es un derecho colectivo cultural y educativo de la sociedad.





¿De verdad piensan que a Colombia le va a quedar algo cuando estos contratistas se vayan? Existe una propuesta que puede ser atractiva y es la de financiar proyectos culturales con un porcentaje de lo que se saque, pero ¿Acaso no se dan cuenta que se estaría cayendo en la trampa inmensa de financiar la cultura a partir de la destrucción de la cultura? 





Esta petición solo busca que se reconozca que los bienes del Patrimonio Cultural Subacuático, al igual que los bienes del Patrimonio Arqueológico y los bienes del Patrimonio Cultural que le pertenecen a la Nación, son bienes públicos, están bajo la proteccción del Estado, como reza la Constitución Política de Colombia, y deben ser aprovechados por la sociedad. Darle un valor económico, comercializarlo y entregarle su manejo a extranjeros significaría perder algo que le pertenece a Colombia y que debe quedar para sus futuras generaciones.





Otros países y anteriores experiencias en Colombia han demostrado que son posibles otras opciones para el PCS como el turismo sostenible u otros proyectos de emprendimiento local con el apoyo de las comunidades, ese emprendimiento que el Ministerio de Cultura tanto apoya. Muchas experiencias, parte de las cuales han surgido en ese Ministerio, han mostrado que el desarrollo no es solo plata. El desarrollo es educación, es cultura, es conocimiento, es la planificación y la gestión concertada y compartida, es el turismo responsable y es todos esos proyectos en los que la responsabilidad, el respeto y el compromiso con la sociedad y con un futuro mejor priman.





Para terminar queremos recordar el caso del famoso “Tesoro Quimbaya”. En 1892 el Presidente de Colombia, Carlos Holguín, le regaló a la Reina Regente de España 122 piezas de orfebrería de la cultura Quimbaya. Nos demoramos 100 años para entender el valor de esos bienes y aceptar el error del presidente Holguín. Pero parece que ya no hay nada que hacer. Colombia entregó esas piezas en un acto legítimo contra el que no se ha podido hacer mucho, salvo apelar a la buena voluntad del Gobierno Español.





En 100 años, o seguramente en 10, Colombia se preguntará por la historia escondida detrás de los galeones que va a regalar, por las embarcaciones que traían los esclavos a nuestro territorio, por esa parte importante de la historia colonial de Colombia que hoy es desconocida y que, de seguir con la iniciativa, seguirá así para siempre. Hoy Colombia quiere repetir la historia del “Tesoro Quimbaya”, quiere regalar su patrimonio cultural, subastarlo y dejar que quede en manos de privados que lo expondrán en una vitrina, quiere perder algo que hace parte de su identidad.

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